El 14 de abril de 2026, el Gobierno de España aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería que habilita una vía extraordinaria para la legalización de aproximadamente 500.000 migrantes que actualmente residen en el país sin un estatus regularizado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las autoridades destacaron esta medida como una respuesta a la "urgencia social" y como un mecanismo para integrar legalmente a personas que ya viven y trabajan en España.
Entre las novedades principales se encuentra la introducción del denominado arraigo extraordinario, así como un procedimiento específico para quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026. Esto implica que la regularización no solo beneficiará a personas en situación irregular con residencia prolongada, sino también a quienes aún esperan una resolución definitiva en sus expedientes de asilo.
Requisitos principales
- Residencia en España desde antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de permanencia continua antes de presentar la solicitud.
- Ausencia de antecedentes penales.
- No representar una amenaza para el orden público, según las autoridades.
- Acreditar al menos una de las siguientes condiciones: vínculo laboral o plan de empleo, familiares en España o situación de vulnerabilidad social.
Presentación y plazos
La presentación telemática de solicitudes comienza el 16 de abril de 2026, mientras que la atención presencial estará disponible a partir del 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Tras la admisión de la solicitud, el solicitante podrá trabajar legalmente de forma temporal incluso antes de obtener una resolución definitiva, lo que representa un avance significativo para quienes desean salir de la economía sumergida. El plazo máximo para resolver es de 3 meses; en caso de no recibir respuesta, la solicitud se considerará rechazada por silencio administrativo.
Apoyo institucional para la tramitación
Para gestionar el elevado volumen de solicitudes, el Estado no se limitará a los servicios de extranjería, sino que también contará con la colaboración de Correos, el grupo público TRAGSA y su filial TRAGSATEC, encargados de la recepción y apoyo técnico en la tramitación documental.
Esta reforma representa una de las iniciativas migratorias más significativas en España en las últimas dos décadas, superando en alcance a la última gran regularización realizada en 2005, que benefició a más de 576.000 personas.