El Senado español ha dado luz verde a un proyecto de ley impulsado por el Partido Popular (PP) que elimina la responsabilidad penal de los propietarios de viviendas por cortar los suministros básicos —como agua, luz o gas— en inmuebles ocupados ilegalmente. Esta medida busca que los propietarios puedan interrumpir estos servicios a los llamados «okupas» sin temor a ser acusados de coacciones. La iniciativa surge tras el bloqueo de la ley “anti-okupas” en el Congreso de los Diputados.
Objetivo y antecedentes de la reforma
Con mayoría en el Senado, el Partido Popular pretende aprobar esta reforma ante el aumento de denuncias por ocupación ilegal de viviendas. Según datos aportados por el PP, en 2024 se registraron más de 16.000 incidentes relacionados con este fenómeno, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior.
La propuesta busca excluir del ámbito penal el corte de suministros en casos de ocupación ilegal, siguiendo el precedente establecido por la Audiencia Provincial de Barcelona en marzo de 2025. Esta resolución fundamenta la enmienda presentada por los “populares”, quienes confían en obtener apoyos en el Congreso por parte de formaciones como Junts, que se ha distanciado del Gobierno de Sánchez, o el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Impacto para propietarios e inquilinos
Con esta reforma, el PP aspira a reducir el tiempo que los «okupas» permanecen en las viviendas o impedir que se instalen, al privarles de servicios esenciales. Además, busca brindar seguridad jurídica a los propietarios para fomentar el alquiler de viviendas vacías, ya que, en caso de impago por parte del inquilino, no estarán obligados a mantener los suministros.