Nueva protección para los propietarios y acuerdos con Junts
El próximo 9 de diciembre, en la reunión del Consejo de Ministros, se aprobará un decreto destinado a respaldar a los propietarios ante impagos en el alquiler de viviendas destinadas a jóvenes y otros colectivos vulnerables. Esta iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos en los acuerdos con el partido independentista catalán Junts y se complementa con la agilización de los procedimientos de desahucio para casos de ocupación ilegal o okupas.
Expertos del sector inmobiliario destacan que esta medida llega con un retraso de siete años y subrayan que los propietarios no han solicitado ayudas económicas al Gobierno, sino garantías para alquilar sus inmuebles sin el temor a perderlos por impagos o ocupaciones ilegales. En este contexto, herramientas como el seguro de impago de alquiler y los servicios profesionales de gestión inmobiliaria cobran cada vez más relevancia, ya que contribuyen a minimizar los riesgos asociados al alquiler.
Agilización de los procedimientos de desahucio de los «okupas»
En marzo de este año, el Parlamento español aprobó una proposición de ley impulsada por Junts que establece un plazo máximo de 48 horas para el desalojo de ocupantes ilegales. Esta reforma contempla modificaciones en la legislación civil y penal para evitar retrasos provocados por declaraciones de «vulnerabilidad» de los okupas. Además, en caso de ocupación ilegal, se garantizará la tramitación inmediata del procedimiento judicial, equiparándolo a otros delitos leves.
Mayor autonomía para los ayuntamientos
El decreto también otorgará a los alcaldes una mayor capacidad para destinar recursos a proyectos que no estén vinculados al gasto corriente, como la construcción de vivienda pública, la gestión del agua y otros servicios esenciales. Asimismo, se ampliará el plazo para fomentar la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, lo que facilitará los trámites administrativos y promoverá una mayor transparencia.