El Parlamento español ha rechazado una proposición de ley presentada por el partido independentista catalán ERC, que buscaba «combatir» la supuesta «especulación» en el mercado inmobiliario mediante la instauración de un impuesto sobre la compra de viviendas a partir del tercer inmueble. A pesar del respaldo completo del PSOE y de todos los socios de la coalición de izquierdas, la iniciativa no logró superar los votos en contra del PP y Vox, mientras que PNV y Junts optaron por la abstención.
La iniciativa de ERC y los objetivos del impuesto
Los promotores de la propuesta argumentaban que el mercado inmobiliario español se ha convertido en un «refugio» para inversores, y que la única forma de garantizar el derecho a la vivienda no es aumentar el ritmo de construcción, sino incrementar la intervención estatal. El plan fiscal de ERC pretendía frenar la «especulación» penalizando la acumulación de viviendas en manos de grandes propietarios mediante un recargo adicional a partir de la tercera vivienda.
Carga fiscal propuesta
Según el texto, la compra de un tercer inmueble implicaría abonar, además del IVA correspondiente, un 4% adicional sobre el precio de venta; la cuarta vivienda tendría un recargo del 8%, la quinta del 12%, y a partir de ahí el tipo aumentaría en 5 puntos porcentuales por cada inmueble adicional. La propuesta también contemplaba una reducción de impuestos para la compra de vivienda por parte de jóvenes, la eliminación de beneficios fiscales para las socimis — sociedades cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria —, la subida del IVA al 21% para apartamentos turísticos y un incremento del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas de grandes propietarios que no constituyan su residencia habitual.
Postura de los opositores al proyecto
Los detractores calificaron estas medidas como un «populismo fiscal» que no resolvería el problema del acceso a la vivienda y que, por el contrario, podría reducir el atractivo de las inversiones en zonas rurales y áreas de baja demanda. Además, advirtieron que estas iniciativas inviables podrían «criminalizar» a los pequeños propietarios y eliminar incentivos para las empresas que impulsan el alquiler asequible.