Con este objetivo, Vicente Magro, juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, ha propuesto un conjunto de 10 medidas para hacer frente a los denominados «okupas». Según Magro, la situación que vive el país en materia de ocupación ilegal «no se entiende ni en Europa ni en América Latina».
Las 10 medidas propuestas
- Elaborar una nueva Ley Orgánica de Vivienda que responda a las inquietudes de los propietarios, quienes temen alquilar, y de los inversores, que dudan en comprar.
- Aprobar el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el desalojo de «okupas» sea autorizado por el juez de guardia y se ejecute de forma inmediata.
- Tipificar la ocupación ilegal como delito, equiparándola a una estafa, y perseguirla conforme al artículo 250.1 del Código Penal, incluyendo a quienes elaboran contratos de arrendamiento falsos.
- Considerar como fraude la permanencia en la vivienda tras la finalización del alquiler vacacional, incorporándolo también en el artículo 250.1.
- Establecer que la vulnerabilidad no sea argumento para suspender el desalojo de «okupas», quienes además deben asumir el pago de electricidad, agua, IBI, hipoteca y otros gastos asociados.
- Modificar el artículo 9 de la Ley de Vivienda, que actualmente no contempla consecuencias jurídicas por su incumplimiento.
- Implantar un registro de morosos de alquiler, cuya creación debió haberse iniciado en 2013.
- Calificar la presentación de contratos de alquiler falsos como fraude procesal.
- Regular el concepto de «flagrante delito» para que la policía pueda actuar sin temor a perder su puesto y realizar desalojos en un plazo máximo de 24 horas.
- Otorgar a las comunidades de propietarios el derecho a iniciar procedimientos penales contra los «okupas».
Reflexiones del juez Magro
El juez Magro sostiene que la necesidad de vivienda no puede justificar la ocupación ilegal de la propiedad ajena: «La responsabilidad de la vivienda social recae en la Administración pública».
Asimismo, advierte que la problemática de la ocupación ilegal puede llevar a los propietarios a incurrir en actos ilícitos: «La lentitud de la justicia y las demoras en la recuperación de la vivienda obligan a los propietarios a pagar a los “okupas” para que abandonen sus inmuebles. Esto también es un delito. Así se crean organizaciones criminales, porque existen incentivos legales para la ocupación ilegal».